No. El hecho de que exista un problema económico no lo convierte automáticamente en delito; por eso conviene diferenciar desde el inicio lo mercantil, lo civil y lo penal.
Entre los más reconocibles están la estafa, la administración desleal, la apropiación indebida, el blanqueo y el delito contra la Hacienda Pública, todos ellos expresamente tipificados en el Código Penal.
Sí. En este tipo de asuntos la documentación suele ser una de las piezas que más condiciona la defensa.